Mientras en España se debate la ley de transparencia, nuevas iniciativas gubernamentales promueven prácticas de transparencia en distintos sectores de la administración pública. Hace tres meses les llegó el turno a las instituciones culturales y esto fue recibido con cierto nerviosismo entre museos y centros culturales a los que nunca antes se les había exigido que rindieran cuentas a través de sus páginas web. Pero más allá de estar obligadas a compartir ciertos datos, las instituciones deberían descubrir que ofrecer su open data no solo va a tono con una ciudadanía que pide cada vez más acceso a la información, sino que además puede convertirse en una nueva forma de diálogo que promueve el compromiso y la innovación.
En el marco de la administración pública, la transparencia es un mecanismo que previene actos de corrupción y que permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que éstas reciben. Pese a no ser un concepto nuevo, en el marco de la Web2.0 y ladatificación de prácticamente todo, desde organizaciones hasta humanos, la importancia de activar mecanismos de transparencia cobra especial relevancia. Por un lado, la tecnología nos brinda la posibilidad de rescatar, almacenar y compartir cantidades inusitadas de datos. Por el otro, permite la existencia de plataformas desde donde esos datos se distribuyen, Open Data Bcn, y otras donde los ciudadanos pueden exigir acceso a las informaciones que les competen. Organizaciones como Transparency International, por ejemplo, velan por el acceso a la información pública con un claro enfoque en la lucha contra la corrupción y la activación de procesos de rendimiento de cuentas. En España, la fundación ciudadana Civio busca contribuir al reconocimiento del derecho de acceso a la información, para que más ciudadanos soliciten, accedan y utilicen datos.
En junio de este año, el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) inició un programa llamado “Transparencia en el sector artístico” que obliga a los centros de arte contemporáneo y museos que son financiados total o parcialmente con dinero público a que pongan sus datos en abierto y a disposición de la ciudadanía en sus sitios web. Además, el IAC ha creado una tabla de categorías que permite medir el cumplimiento de esta iniciativa asignando puntos a las instituciones según estas hayan compartido o no información respecto a: quién, información sobre la entidad y las personas que trabajan en la misma; qué, información sobre lo que hace la entidad, sobre sus líneas de actuación, actividades y servicios; y cuánto y cómo, información sobre cómo se llevan a cabo estas actividades y servicios, cuál es su coste y cómo se gestiona. Según los impulsores de esta iniciativa, uno de los objetivos del ranking de transparencia es ayudar a las instituciones a ser más eficientes a la hora de manejar sus recursos y que la ciudadanía tenga acceso a información respecto a su performance.
A nadie le gusta ser evaluado y menos si las categorías sobre las cuales se realiza dicha evaluación han sido definidas sin la participación de aquellos que serán juzgados. La transición hacia prácticas más transparentes puede ser un proceso complejo que implica la orquestración de distintas áreas de las instituciones, así como también decisiones respecto a cómo presentar los datos para que se conviertan en informaciones que tengan sentido para los ciudadanos. Pero es una transformación necesaria: en 2010, la Fundación Compromiso y Transparencia publicó el informe “A través del espejo. Transparencia en la web de los museos españoles”, que ponía en evidencia la opacidad con la que, en general, los museos españoles manejaban sus informaciones. Según la investigación, por ejemplo, tres años atrás apenas un 2% de los museos españoles publicaba su plan estratégico; sólo el 20% daba a conocer información relativa a sus decisiones sobre a la adquisición y préstamos de sus colecciones; y ninguna de las instituciones estudiadas publicaba el perfil completo de su estructura directiva, plantilla y miembros de su patronato.
Más allá de los datos que estén obligadas a compartir o no, lo cierto es que algunas instituciones culturales han descubierto que compartir open data a través de sus sitios web, puede ser una excelente manera de establecer nuevas formas de diálogo con la ciudadanía, fomentar su participación, e incluso disparar la innovación cultural. En el mundo anglosajón, la práctica de poner información interna a disposición del ciudadano lleva más de una década: la British Library de Londres publica un Annual Report & Accounts en su web desde 1999, e incluye en su web todo tipo de datos que pueden servir a los ciudadanos o a otras instituciones. El Museo de Arte de Indianapolis, por ejemplo, desde 2008 se comunica con los ciudadanos a través de una sección en su web llamada “dashboard”, donde publican datos abiertos en tiempo real no sólo respecto a las cuentas de la institución, sino también al consumo de energía en el edificio, las obras de arte actualmente en exhibición, el valor de la dotación del museo, el tiempo promedio de visitas al sitio web, etc. En el sitio del Rijks Museum es posible acceder a toda su colección en imágenes de alta resolución: ¿quieres montar una app con ese contenido, armar una exposición virtual o hacerte un cuadrito? ¡Bienvenido!
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Parece que el debate ya no pasa por compartir datos o no compartirlos. En un mundo de “Gobierno Abierto”, Wikileaks y la reciente StrongBox (la nueva plataforma del New Yorker donde los usuarios, de manera anónima, pueden enviar documentación confidencial a periodistas), datos y transparencia deberían ir de la mano. El escándalo suscitado a partir de las declaraciones de Edward Snowden sobre las irregularidades cometidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mejor conocida comoNSA, pone en evidencia al menos dos fenómenos cruciales: que el secretismo tiende a devenir en abuso de poder y que la ciudadanía, cada vez más, exige transparencia.
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